38.477 escritos en tres días
Un sábado de julio el sistema de tramitación civil empezó a recibir escritos. Muchos. Para el lunes 27 iban 38.477, repartidos en tribunales civiles de todo el país, entre 500 y 900 por juzgado. La Oficina Judicial Virtual se puso lenta y por ratos dejó de responder.
Cuando se supo, la primera pregunta de todos fue la misma: ¿quién hizo esto y por qué? ¿Un abogado picado que perdió una cuenta grande y salió a dejar la escoba antes de irse? Da para imaginárselo. Es la versión entretenida.
La versión aburrida, que es la que aguanta los hechos, es que eran desarchivos y renuncias de patrocinio y poder. Trámites lícitos de alguien que dejó de representar a varios clientes corporativos y tenía miles de causas que regularizar. Nada falso, nada irregular en el contenido. Lo raro fue el ritmo, no el fondo.
Y ahí está lo incómodo. Si los escritos hubieran sido basura, la conversación sería corta. Pero eran legítimos, y el sistema se cayó igual.
La reacción del Poder Judicial
El Comité de Jueces Civiles de Santiago le pidió a la Corte Suprema restringirle el acceso al abogado, indagar responsabilidades y, lo más llamativo, prohibir el uso de inteligencia artificial para ingresar escritos mientras no exista una política institucional. También pidieron barreras técnicas contra el ingreso masivo. La Corporación Administrativa bloqueó la IP y la Suprema pidió un informe técnico antes de resolver.
Se entiende la reacción. Un juzgado que amanece con 900 escritos nuevos tiene un problema ese mismo día, no en abstracto. Si yo fuera el juez, probablemente habría firmado ese oficio igual.
Pero pasado el susto, la pregunta que queda es bastante más grande que lo que hizo un abogado un fin de semana.
Licitaciones que exigen volumen
Hay un dato que casi no apareció en la discusión y que cambia bastante las cosas.
En varias licitaciones públicas de servicios jurídicos, la tecnología no es un plus. Es requisito. Las bases exigen presentar demandas en plazos determinados, sobre carteras de miles de deudores, con estándares de seguimiento y reportería que ningún equipo humano alcanza a pulso.
Traducido: el que se adjudica ese contrato queda obligado a operar a una escala que solo existe automatizando. No es que quiera ser eficiente. Es que si no lo hace, incumple.
Entonces tenemos un sistema que por un lado exige volumen y por el otro se sorprende cuando el volumen aparece. Un estudio que hoy administra una cartera pública grande genera miles de actuaciones al mes. Eso ya está pasando, haya o no política institucional.
El desbalance entrada vs salida
Yo creo que julio no reveló un problema de inteligencia artificial. Reveló un desbalance.
La automatización llegó al mostrador de entrada y no al de salida. Presentar un escrito hoy es barato, rápido y masivo —la Ley 20.886 reguló la tramitación electrónica en 2015 pero no previó esta escala—. Proveerlo sigue siendo manual, causa por causa, hecho por funcionarios que no aumentaron en la misma proporción.
Mientras eso siga así, cualquier alza de actividad procesal legítima se va a leer como un ataque. Y quien está del lado saturado va a pedir, con razón desde su vereda, que la entrada se frene.
El tema es que frenar la entrada no arregla nada, porque el volumen no lo produjo la tecnología. Lo produce el tamaño de la litigación en Chile. Hay carteras con decenas de miles de deudores y esos juicios existen igual, se automaticen o no. La tecnología solo hizo visible algo que ya estaba ahí.
Lo bueno es que dentro del propio Poder Judicial esto ya se está mirando. El ministro Jean Pierre Matus dijo hace poco que «el desafío institucional es pasar de la transcripción de audiencias a la tramitación inteligente de escritos masivos». Y el Plan Estratégico 2026-2030 del Poder Judicial incluye la definición de una Política Institucional de Inteligencia Artificial entre sus prioridades. Eso, dicho por la propia institución, pesa más que cualquier columna.
Quién, a qué ritmo, por qué canal
Una política de IA que sirva no debería preguntar si hubo una máquina detrás del escrito. Esa pregunta no tiene respuesta técnica. Nadie puede distinguir un escrito hecho con una herramienta de uno hecho a mano, y aunque pudiera, no cambiaría nada de lo que de verdad importa.
Las preguntas útiles son otras.
Quién responde. Cada actuación necesita un abogado identificable que responda por ella igual que si la hubiera escrito una por una. La automatización no reparte la responsabilidad. La concentra.
A qué ritmo. Que existan límites de ingreso conocidos y publicados es mejor que no tenerlos. El que sabe cuánto puede presentar por hora planifica. El que no sabe nada descubre el límite cuando lo revienta y le bloquean la IP. Eso último ya sabemos cómo termina.
Por qué canal. Si la institución define una vía formal para el ingreso de volumen, con reglas y capacidad dimensionada, deja de depender de que cada uno invente su forma de entrar. Hoy no existe esa vía, y por eso todos usamos la misma puerta que se diseñó para un escrito a la vez.
Prohibir no funciona, construir sí
Que quede claro: 38 mil escritos en tres días es un problema aunque cada escrito sea impecable. Dejar un tribunal inoperativo tiene un costo real para todos los que estaban esperando algo ahí, y hay una discusión legítima sobre si eso constituye abuso procesal.
Lo que digo es que la respuesta no puede ser cerrar la puerta.
Buena parte del trabajo judicial cotidiano es repetitivo por diseño. Desarchivos, renuncias, exhortos, solicitudes de copias. Trámites que no requieren criterio jurisdiccional y que hoy consumen horas de personas a ambos lados del mostrador. Ese es el espacio donde la tecnología rinde de verdad, y donde el Poder Judicial tiene más que ganar que perder.
La discusión no es si se automatiza. Es quién responde, a qué ritmo y por qué canal.
Prohibir es fácil de escribir y casi imposible de aplicar. Construir reglas es al revés. Y es lo único que va a servir en tres años más.
