La política de IA en el Poder Judicial de Chile, aprobada por el pleno de la Corte Suprema el 23 de octubre de 2026, solo admite usos que autorice la Comisión de Tramitación Electrónica, siempre con revisión humana. Deja fuera tres funciones: decidir un caso, valorar la prueba y fundamentar. La máquina hace el volumen; la persona pone el criterio.
¿Cómo se llegó a una política de IA en el Poder Judicial de Chile?
El viernes 23 de octubre, al cerrar sus XXIX Jornadas de Reflexión, el pleno de la Corte Suprema aprobó la primera política de uso de inteligencia artificial del Poder Judicial, según informaron La Tercera y T13 citando fuentes del pleno. El texto oficial todavía no se publica.
Llega después de meses en que la IA entró a los tribunales antes que las reglas, como comentamos en septiembre. En octubre, una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago quedó en el expediente con las instrucciones que se le habían dado a un modelo de lenguaje para redactar los considerandos. Partían con «Eres un Juez de la Corte de Apelaciones…». La Corte ordenó rectificarla y sacar ese texto de la causa.
Pasar de casos sueltos a una política aprobada en pocos meses es rápido. Y es una buena noticia.
¿Qué aprobó la Corte Suprema?
Con lo que se conoce hasta ahora, la política tiene seis piezas.
Lo institucional reemplaza a lo individual. En el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial solo cabrán los usos de IA que autorice la Comisión de Tramitación Electrónica. Cada autorización fija para qué, con qué información y en qué condiciones. Se autorizan usos, no herramientas.
Tres funciones que nunca se autorizan. Decidir un caso, valorar la prueba y fundamentar resoluciones o sentencias.
Revisión humana siempre. El uso instrumental, de apoyo, se permite. El sustitutivo, no.
Datos que no salen. Queda prohibido ingresar proyectos de fallo o datos personales a herramientas no autorizadas.
Una definición acotada. IA es un sistema que infiere resultados a partir de la información que recibe. Plantillas, modelos y automatización quedan fuera de esa definición.
Un Comité de IA, con un ministro de la Suprema y representantes de las asociaciones gremiales, para seguir cómo evoluciona la herramienta.
No parte de cero. El Código de Ética Judicial ya establecía que la decisión judicial es humana y que su responsabilidad no se delega, y en agosto la presidencia de la Suprema había dejado Copilot Chat como la única herramienta autorizada dentro del entorno institucional (Cooperativa).
¿Por qué la línea está bien puesta?
Yo creo que la línea está bien puesta, y por una razón que no es obvia: no separa herramientas, separa funciones.
La política no pregunta si hubo un modelo de lenguaje detrás de un texto. Esa pregunta no tiene respuesta técnica, y lo dijimos en septiembre. Pregunta qué hizo el modelo. Si ordenó, resumió, buscó o clasificó, es apoyo. Si decidió, valoró o fundamentó, es sustitución.
El caso de octubre lo muestra mejor que cualquier definición. El prompt dejaba en blanco si el recurso se acogía o se rechazaba, y le pedía al modelo todo lo demás: los argumentos. La decisión era humana; las razones, no. Y en una sentencia las razones son lo que se puede revisar, apelar y discutir.
La política pone el límite exactamente ahí. Para quienes operamos causas todos los días, eso vale más que cualquier ganancia de velocidad. Una causa vale la pena llevarla a tribunales porque la resuelve una persona que explica por qué.
¿Qué deja permitido una prohibición bien acotada?
Lo interesante de una prohibición bien acotada es todo lo que deja permitido.
La justicia civil chilena es, en volumen, una justicia de cobranza. De los 1.229.890 ingresos civiles de 2024, 856.907 (69,7%) fueron juicios ejecutivos y 159.022 (12,9%) gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, según el análisis de Francisco Blavi sobre las estadísticas de tribunales civiles del Poder Judicial. Más de ocho de cada diez causas.
Y buena parte de lo que se mueve en esas causas no es decidir. Son desarchivos, renuncias de patrocinio, solicitudes de copias, certificaciones, exhortos, cumplimientos de lo ordenado. De los escritos que se presentan en las causas que gestionamos, el 87% es de mero trámite según nuestros estudios internos: no piden criterio jurisdiccional, piden que alguien los lea, los ordene y los provea.
Ahí la política deja espacio para construir, siempre con revisión humana y con autorización de la Comisión:
Clasificar lo que entra. Separar en cada tribunal los escritos de mero trámite de los que necesitan estudio. El funcionario sigue proveyendo, pero parte por lo que importa.
Detectar lo que sobra. Un escrito presentado dos veces, en la causa equivocada o sin el documento que anuncia, es trabajo perdido para el tribunal y para quien lo presentó. Encontrarlo antes de proveer es apoyo, no sustitución.
Ordenar la causa. Un expediente de cobranza con años de historia se lee en minutos si alguien ordena antes sus hitos: notificación, embargo, pagos. El juez sigue resolviendo; solo llega con la causa ordenada.
Responder igual a lo mismo. Que dos escritos idénticos reciban el mismo proveído no debería depender de qué funcionario tomó la causa. Para eso ni siquiera hace falta IA: bastan plantillas y automatización, que la propia política deja fuera de su definición.
Ninguna de estas tareas decide nada. Todas caben en la regla.
¿Qué es el modelo centauro?
Lo que la Suprema dibujó tiene nombre, y no viene del derecho. Viene del ajedrez.
En 1998, un año después de perder contra Deep Blue, Garry Kasparov organizó en León, España, el primer torneo de «ajedrez avanzado»: cada jugador competía con un computador al lado. En 2005, un torneo abierto en internet permitió cualquier combinación de personas y máquinas. Ganaron dos aficionados estadounidenses con tres computadores comunes, por sobre grandes maestros con mejores equipos. Kasparov concluyó que la diferencia no estaba en la máquina ni en el talento, sino en el proceso: cómo la persona dirigía al computador. A esos equipos se les llamó centauros: mitad persona, mitad máquina, con la cabeza siempre humana.
La idea volvió con fuerza en 2023. Académicos de Harvard, MIT y Wharton hicieron un experimento con 758 consultores de BCG para medir qué pasa cuando profesionales trabajan con IA (Mollick, 2023). En las tareas que la IA domina, quienes la usaron terminaron 12,2% más tareas, 25,1% más rápido y con 40% más calidad. En una tarea diseñada para que la IA se equivocara, el acierto bajó de 84% sin IA a entre 60% y 70% con ella. Entre quienes acertaron en ambas, los autores identificaron un patrón que llamaron centauro: una división clara entre lo que hace la persona y lo que delega en la máquina.
Y el derecho ya lo está usando. En mayo de 2025, el regulador de los abogados de Inglaterra y Gales autorizó a Garfield.Law, el primer estudio jurídico basado por completo en IA. Su servicio es recuperar deudas impagas. Lo aprobó con condiciones de centauro: el sistema no es autónomo, cada paso lo aprueba el cliente, no propone jurisprudencia y abogados con nombre responden por todo lo que produce.
La política de la Suprema es, en el fondo, una política centauro. Lo instrumental es el cuerpo; decidir, valorar la prueba y fundamentar son la cabeza. Y fija la línea por adelantado, que es justamente lo que separa a los equipos que aciertan de los que se confían.
Dicho sin tecnicismos: la máquina hace el recorrido; la persona decide hacia dónde y responde por el resultado.
Cobranza centauro: ¿cómo se usa la inteligencia artificial en cobranza?
Lo que más me gusta de esta política es que no prohíbe la tecnología. Prohíbe delegar el juicio. En cobranza judicial esa distinción se nota más que en otras áreas, porque el volumen es enorme y el criterio sigue siendo indispensable.
En nuestra operación, todo corre con IA: lee cada movimiento de las causas, ordena y prioriza la cartera, y avisa cuando algo se mueve o deja de moverse. Pero ninguna causa avanza sin un abogado. El abogado revisa, decide y firma. El servicio judicial lo entrega una persona; la máquina se encarga de que llegue a tiempo y con la causa ordenada.
Las tres reglas de la Suprema funcionan igual para la cobranza, y sirven de base para una política de uso responsable de IA en estudios:
Lo que no se delega. En cobranza también hay decisiones humanas: demandar o no, desistir, castigar una causa. Un sistema puede ordenar la cartera y priorizar causas por probabilidad de recupero. La decisión la toma el mandante con su abogado.
Revisión con nombre. Todo escrito que sale con apoyo de un sistema tiene un abogado que responde por él como si lo hubiera escrito a mano.
Datos donde corresponde. Una cartera morosa es una base de datos de personas. Si el Poder Judicial prohíbe subir datos personales a herramientas no autorizadas, quien gestiona miles de causas debería tener la misma regla para el tratamiento de datos de deudores. Más aún con la Ley 21.719 de protección de datos, cuya entrada en vigencia está fijada para el 1 de diciembre de 2026 (Academia Judicial), aunque un proyecto en trámite propone postergarla un año.
En septiembre escribimos que prohibir es fácil de escribir y casi imposible de aplicar, y que lo único que iba a servir era construir reglas. La Suprema construyó las suyas, y eligió el modelo correcto.
Decidir sigue siendo humano. Todo lo demás está por construirse, también en la cobranza.
Preguntas frecuentes
¿Qué establece la política de IA en el Poder Judicial de Chile?
La aprobó el pleno de la Corte Suprema el 23 de octubre de 2026 y su texto oficial está pendiente de publicación. Según lo informado, solo permite los usos de IA que autorice la Comisión de Tramitación Electrónica, exige revisión humana en todos ellos, prohíbe ingresar proyectos de fallo o datos personales a herramientas no autorizadas y crea un Comité de IA.
¿Pueden los jueces usar inteligencia artificial para redactar sentencias?
No para lo esencial. La política excluye de cualquier autorización decidir un caso, valorar la prueba y fundamentar resoluciones o sentencias. Se permite el uso instrumental, como apoyo, siempre con revisión humana.
¿La automatización de cobranza judicial queda prohibida por la política del Poder Judicial?
No. La política define la IA como un sistema que infiere resultados a partir de la información que recibe y deja fuera de esa definición las plantillas, los modelos y la automatización. Lo que excluye es delegar en la máquina decidir, valorar la prueba y fundamentar.
¿Cuántos juicios de cobranza hay en Chile?
Según el análisis de Francisco Blavi sobre cifras del Poder Judicial, de los 1.229.890 ingresos civiles de 2024, 856.907 (69,7%) fueron juicios ejecutivos y 159.022 (12,9%) gestiones preparatorias. Son más de ocho de cada diez causas civiles.
¿Qué es el modelo centauro en servicios legales?
Es una forma de trabajar en que la IA hace el trabajo de volumen y una persona define el criterio, revisa y responde por el resultado. El término viene del ajedrez avanzado que impulsó Garry Kasparov desde 1998. Hoy describe equipos de personas e IA, como el primer estudio jurídico basado en IA autorizado en Inglaterra en 2025, que se dedica a recuperar deudas impagas.
Quién escribe. Vicente Carrasco. Co-Founder de Kartera, donde lidera Operaciones y Producto. Magíster en Estadística de la UC e Ingeniero Industrial de la UAI; antes trabajó en datos y analítica en LATAM, Copec, Cencosud y Tenpo. Hoy escribe sobre cuánto demora la justicia, cuánto se recupera y por qué, con datos.
Contenido informativo. No constituye asesoría legal para un caso particular.
JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ · 15.09.2026
